El sistema de salud es la negación del derecho a la salud? (pregunta realizada por un compañero luego de escuchar una argumentación semejante a la que sigue más abajo)
La salud es medida e identificada siempre, como la capacidad
del sistema para resolver la demanda de asistencia médica en general. Esta
forma de evaluar al sistema sanitario cuenta con variables muy popularizadas
tales como tiempo de espera para conseguir turnos, existencia de profesionales
especialistas en cada centro asistencial, tiempo promedio de presencia de
ambulancia en urgencias, cantidad de pacientes diarios atendidos por médicos,
estado edilicio de hospitales y centros de salud, mobiliario y predisposición
del personal en salas de internaciones, y varios etcéteras imaginables que de
hecho son un importante componente del sistema de salud (afortunadamente
arraigado como derecho en nuestro país) pero que está muy lejos de conformar la
totalidad de las obligaciones del estado para con sus ciudadanos. En este punto
quizás se pueda arriesgar que sectores más informados se atrevan a medir el
estado sanitario por variables más “científicas” como puede ser la mortalidad
infantil, pero inclusive en estos sectores afectos a índices estadísticos prima
muchas veces la necesidad de evaluar el sistema por la cantidad de camas o
enfermeros por cantidad de pobladores o la distancia promedio de un ciudadano hacia
el centro asistencial más cercano, u otras etcéteras que siguen hablando de lo
mismo (dejo aclarado aquí que pertenezco en cuerpo y alma a estos sectores
fanatizados con los diagnósticos en base a indicadores).
En realidad de lo que estamos hablando cuando consideramos a
la salud a través de estos parámetros señalados al principio, es sólo de calidad
asistencial o sea, sintéticamente, la eficiencia del sistema para reparar
afecciones y la satisfacción del usuario respecto al proceso completo (desde el
inicio de la enfermedad hasta su recuperación final). Esta calidad asistencial que es una
lucha irrenunciable de todos los sectores políticos populares y es el reclamo
más clásico de los ciudadanos más allá de su condición social, es la cara de la
salud pública más visible y posiblemente el único aspecto sobre el que las
estructuras políticas sanitarias y sus autoridades tienen real incidencia.
Esta última afirmación merece algo más de detalle, allá vamos, paciencia.
Se dice también que la salud tiene dos grandes pilares que
son la prevención y la asistencia, y que las políticas diseñadas para cada una
de estos son patrimonio indelegable de las secretarías o ministerios de salud
pública ya sean de tipo municipal, provincial o nacional. Claramente se puede
aseverar que nadie más que estas autoridades sanitarias son capaces de incidir
en el estado general de centros de salud y hospitales, cantidad y calidad del
personal que los habita, procesos de asistencia de primer nivel y complejidad,
protocolos de tratamientos, internaciones, derivaciones, etc. A nadie se le
ocurre pensar que un director de escuela o un ministro de justicia puedan
recetar algún tipo de antibiótico o determinen que condiciones de idoneidad
deben cumplir los camilleros de ambulancias y ni siquiera la marca de lavandina
que se usará para la limpieza de los baños de terapia, es decir, que no hay
nadie ajeno a las estructuras políticas sanitarias que tengan posibilidades
ciertas de inmiscuirse en un universo absolutamente reservado para el “colectivo
sanitario”.
Pero lo contrario, también será cierto? Puede Salud
inmiscuirse en otras áreas de gobierno?
La pregunta deviene de la preocupación por las políticas
de tipo preventiva, en donde los que menos tienen que ver son las autoridades
sanitarias. Así es que un director de hospital puede autorizar que se
interne un niño por riesgo nutricional pero está imposibilitado de comprar
comida para ese hogar, o un médico de un centro de salud puede recetar
medicación y tratamiento y hasta derivación hacia centros de mayor complejidad con
el sólo diagnóstico clínico de hipotermia severa pero no puede lograr que la
farmacia o la administración de dicho centro tengan frazadas disponibles para
personas en riesgo en épocas invernales, entre millones de ejemplos que podrían
citarse para explicar el corto alcance de las estrategias de prevención de
enfermedades desde las estructuras formales de salud pública. O sea que
volviendo al tema de la incidencia real, ésta sólo se efectiviza en las
cuestiones asistenciales pero tiene inconmensurables inconvenientes al momento
de tratar de prevenir enfermedades que no tengan posibilidades de inmunización
a través de vacunas (mecanismo preventivo por excelencia y que nuestro país ha
transformado en prioridad). Ahora bien, la pregunta sigue sin respuesta
concreta, pues que las autoridades sanitarias no cuenten con los medios
necesarios para poder evitar que la gente enferme no quiere decir,
necesariamente, que no puedan incidir sobre los responsables de tomar medidas
que sí podrían caratularse como eminentemente preventivas, por lo que el escudo
puede romperse finalmente de adentro hacia afuera.
Una cosa
más. Hasta ahora recorrimos vericuetos relacionados con las deficiencias asistenciales
y las imposibilidades de fijar políticas preventivas efectivas por parte de las
autoridades sanitarias pero nada dijimos de los reales responsables de velar
por ese derecho. Veamos.
Los
determinantes de salud, o sea esas cosas que nos rodean y nos pasan y que
terminan enfermándonos, son identificables y han sido bastante consensuadas. No
hay sanitarista que se precie que no los enumere en cada oportunidad que tiene
o en cada trabajo científico que escriba, sin embargo los responsables de
resolver los riesgos devenidos de esos “determinantes” no tienen esa información
tan vívidamente presente como nuestros queridos amigos sanitaristas. Esto se
traduce en priorizaciones inadecuadas de políticas públicas como el
famoso ejemplo del intendente que prefirió el cordón cuneta antes que la red
cloacal por ser más visible y con posibilidades de corte de cinta inaugural,
pero sanitariamente el resultado será de mucho menor impacto que el esperado de
haber sido al revés.
Para
poder fijar prioridades sanitarias en cada una de las decisiones políticas
(obras públicas, horarios de gimnasia en escuelas primarias, créditos a
productores de frutas y verduras, normas de tránsito, salarios, distancias de
fumigados y miiiiiles y miiiiiiles de etcéteras) no necesitamos sanitaristas en
cada oficina de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales sino que
una clara concepción del derecho a la
salud como la suma de todos
los derechos y proceder en consecuencia. Obviamente que esto no puede
nacer desde las actuales estructuras formales del sistema de salud porque son
precisamente las más contaminadas con el paradigma dominante, tampoco vendrá de
la dirigencia política tradicional que mal o bien intencionadamente busca el
reconocimiento de su pueblo que hasta ahora reclama “más cantidad de servicios
de salud”, así que efectivamente es el propio pueblo el que deberá organizarse
bajo la premisa de defender su más preciado derecho.
Porque es difícil cambiar la situación de la salud pensándola
desde el paradigma impuesto por los poderosos de siempre que no sólo digitan lo
que pensamos sino que también llegan a diseñar lo que exigimos. No es
casualidad que nos hayan convencido de tener una visión individualista que
reclama más cantidad de servicios, porque es precisamente en esa premisa
mercantilista en donde “los dueños de los medicamentos y la tecnología médica”
hacen sus negocios multimillonarios.
Que sólo pidamos calidad de atención, como quieren los
actuales amos del universo, significa renunciar a exigir el verdadero derecho a
la salud que podría decirse que es el derecho a no enfermar. Esto sólo es posible cambiando
el eje del reclamo, de lo individual a lo social y desde lo meramente asistencial
hacia lo integral. El primer cambio es conceptual, es de uno mismo y no es
difícil pues sólo hay que detenerse en asociar los principios básicos que comúnmente
defendemos como el de soberanía y libertad con la realidad de los modelos
sanitarios y los intereses que los mueven. Podemos pensar rápidamente en
cambios de mentalidad respecto a la inercia medicalizante, o a irrespetar
currículas universitarias derivadas del actual paradigma concentrador del saber
en manos de semi dioses, o inclusive romper con esa premisa de opción personal
por la “vida sana” en vez de ser una condición transversal que atraviese
derechos laborales, condiciones de saneamiento ambiental, accesibilidad a
alimentos sanos y nutritivos, y otros muchos ítems.
Otro
paradigma, otro modelo de organización popular sanitaria, otro tipo de demanda.
Y hasta
acá llegué, acá levanto las dedos del teclado. Para los próximos renglones se
necesitan más manos.
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