En Alimentación también se vota.

Cuando se habla de modelos o ideologías políticas suele referirse a ítems tales como economía, seguridad o educación, y seguramente estos temas son muy buenos indicadores de las diferencias existentes entre lo que hoy podemos resumir como el polo neoliberal y su contraparte, el polo popular. Sin embargo hay otros puntos de interés que equivocadamente se suponen como de pensamiento consensuado, que parecieran ser asépticos pero que, lejos de esto, representan visiones y acciones completamente antagónicas según su origen ideológico. Entre ellos las Políticas Alimentarias.

Que el alimento sea inocuo? Si si, acuerdo total. Que la inocuidad se asegure mediante rígidas normas y procesos importados de los grandes centros de consumo? No, aquí ya empiezan las diferencias, así que tomemos este punto y relacionemos con los modelos productivos existentes para ver de que se trata. Pasemos a desarrollar.

Las normas por las cuales se rigen los registros y habilitaciones de establecimientos, transportes y productos alimenticios se resumen en el Código Alimentario Argentino, que tiene la virtud de fijar reglas generales basadas en la premisa de seguridad alimentaria, pero por otro lado también fija requisitos que se desprenden, mayoritariamente, de enfoques teóricos que contemplan procesos y mecanismos para lograr inocuidad acondicionados para exclusivo cumplimiento de la gran empresa y que excluye, por ejemplo, a los procesos y mecanismos de elaboración ancestrales de los productores nativos de baja escala. Para graficar mejor recomiendo que localice Ud. un responsable de bromatología formado en estas teorías y nómbrele sorpresivamente la palabra “ARTESANAL” y podrá observar una cara de espanto semejante a la de Drácula frente a una ristra de ajos.

Ahora bien, hoy está más claro que nunca que hay quienes quieren exacerbar el rol de policía alimentaria para evitar que los pequeños productores atenten contra la concentración del mercado alimentario (solo hablan de seguridad alimentaria) y otros pretendemos exacerbar el rol de acompañamiento al productor de baja escala justamente por lo contrario, para incluirlos en el sistema, pero también para controlar e incidir a favor de los consumidores (en cuanto a precio, calidad nutricional, inocuidad y accesibilidad) en ese mismo mercado alimentario (hablamos de seguridad pero también de soberanía alimentaria).

De esas distintas premisas básicas se desprenden las políticas alimentarias en uno u otro sentido. Y es, justamente, por estas diferencias primarias de objetivos que me atrevo a aseverar que los puntos de contacto entre las políticas alimentarias neoliberales y las populares son más escasos de lo sospechado. De hecho es impensado que en otro modelo político distinto del actual ocurran cosas tales como los programas nacionales de estímulo a pequeños productores, o que se promulguen leyes como la de reparación histórica de la agricultura familiar o la de economía social, o que se normaticen derechos al consumidor impensados en los 90, o que se hayan impulsado medidas y programas de protección a la salud de la población (reducción de grasas trans, o de sal, de análisis y estímulo a productos libres de gluten, etc), o que se hayan multiplicado las posibilidades de comercialización para microemprendedores o productores artesanales o de la agricultura familiar, o que se hagan exenciones impositivas o arancelarias a pequeños productores, o cientos de medidas más que van en ese sentido. O como la experiencia que se hace en nuestra provincia, en donde distintas instituciones gubernamentales, académicas y no gubernamentales se conformaron en una mesa interinstitucional de alimentación que priorizó en forma absoluta a la producción en pequeña escala como objeto de sus principales esfuerzos.

Con los poderosos o con los que menos tienen. En alimentación también se vota.